LACOMUNIDAD.ELPAIS.COM_INDIENECUADOR_2008_7_3_LOS-DERECHOS-LOS-PUEBLOS-INDIGENAS

\n\nEl levantamiento de 1990 reclamó por primera vez la convocatoria de una Asamblea Constituyente con el fin de convertir a Ecuador en un estado plurinacional. En 1998, tras la caída del gobierno de Abdalá Bucaram, se instala la primera Asamblea Constituyente que elabora la actual Carta Magna y ya define a Ecuador como un Estado plurinacional y multiétnico. Reconoce los primeros derechos indígenas como el idioma quechua y la educación bilingüe, la validez de las autoridades locales y los derechos políticos de las colectividades originarias. A partir de entonces comienza una nueva etapa de lucha que consiste en verbalizar los derechos, lograr su puesta en práctica e impedir que se queden en simples enunciados.\n\n

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En Ecuador viven en la actualidad catorce nacionalidades y dieciséis pueblos indígenas, que suponen a su vez el dieciséis por ciento de la población, según el censo vigente. Si bien, los estudios indígenas elevan esta cifra hasta el cuarenta por ciento. De ellos, el ochenta por ciento son indígenas quechua. Las comunidades tienen distintas formas de organización, como la CONAIE, que aglutina a las asociaciones regionales, o el ya mencionado Movimiento Político Pachakutik . \n

Algunas cuestiones aún están en el aire, como la conservación de los recursos naturales. Al respecto, Ilaquiche desmintió las acusaciones contra los pueblos indígenas de querer dividir al país. “Claro que pertenecen a todos los ecuatorianos, no sólo a los pueblos indígenas. Pero la realidad es que están en manos de las transnacionales, que han recibido las concesiones para su explotación de parte de los anteriores mandatarios. Lo que pedimos es que la nueva Constitución incluya las garantías necesarias para que la riqueza de los territorios vuelvan a manos de todos los ciudadanos” \n\nAdemás, la mayoría de los recursos naturales de Ecuador se localizan en el Amazonas, donde habitan catorce pueblos indígenas, a los que hay que preguntar antes de iniciar cualquier actividad extractiva. Es el derecho a la consulta previa. Ilaquiche insistió en que este asunto “aún provoca fuertes debates y negativas y no está resuelto.